Los familiares exigen más prontitud en las investigaciones, mientras que los entes de control buscan identificar las falsas denuncias sobre desaparecidos.

​

 

 

 

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

La demora en los proceso de investigación para la búsqueda de personas desaparecidas es una constante en el sistema judicial. Los familiares en muchos casos son quienes deben sacar de sus propios recursos para que avancen los procesos. De hecho, los parientes de los desaparecidos se vuelven expertos en los protocolos de investigación que les permite ahorrar tiempo en la intención de encontrar la verdad.

​

La inversión económica en estos procesos de investigación varía según el desplazamiento del personal, las condiciones del terreno,  las dificultades para llegar al lugar, el apoyo de los victimarios y el tipo de información que suministren los testigos.

​

Roberto Vega, especialista en adiestramiento canino para la búsqueda de personas y estupefacientes del  (CTI)  cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía,  afirma que se deben tener en cuenta muchos aspectos para iniciar un proceso de búsqueda: “los profesionales que nos vamos a encargar de encontrar a un desaparecido debemos diligenciar y pedir un presupuesto que se va designar a la investigación,  estos viáticos son para cumplir con los protocolos de búsqueda, la inversión  no es igual  para adentrarnos en un terreno dentro de una  vereda, o un lugar montañoso;  que a uno en la ciudad”

​

Familiares de las víctimas, como los mismos entes de control concuerdan en que son las falsas denuncias las que hacen que el estado colombiano no pueda cumplir a cabalidad con las investigaciones para buscar a personas desaparecidas. Esto es conocido dentro del código penal como fraude procesal y falsedad en documento privado.

Cabe resaltar que en Colombia por el conflicto armado, la inseguridad, la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades; las cifras de personas desaparecidas son alarmantes, cifras que aumentan día tras día. En el último informe realizado en el año 2015 por el Centro de Memoria Histórica se reportaron 60.630 casos reconocidos por desaparición forzada, algunos otros se quedan sin denuncia formal.

​

Las entidades públicas encargadas de las investigaciones, como la Fiscalía, la Sijin, la policía nacional, el CTI, entre otras, hacen enormes esfuerzos para dar con el destino y los hechos que concluyen con una desaparición, sin embargo los procesos son lentos.

A diario se desaparecen miles de personas en el país, detrás de ellos se encuentran sus  familias con la zozobra de saber por sus allegados y muchos N.N en cementerios o fosas comunes sin una cristiana sepultura.

​

Un sin número de obstáculos dificultan la rápida acción de las autoridades, pero la falsas denuncias terminan por ser una zancadilla a la memoria de las víctimas.